El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, repudió la decisión del juez Gastón Mercau de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Milagro Sala. La líder de la Tupac Amaru, sin embargo, seguirá en la cárcel porque todavía falta la decisión de otro magistrado en otras dos causas que la mantienen presa. 

"Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo", escribió Morales en su cuenta de Twitter. 

Mercau ordenó esta medida después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara una cautelar vinculante. El plazo de esta medida había vencido el viernes pasado. La demora en la decisión provocó fuertes críticas de organismos de derechos humanos, destaca TN.

El gobernador Morales expresó además que no comparte la resolución de la CIDH y del juez de privilegiar a Milagro Sala con prisión preventiva. "Es una gran injusticia", tuiteó.

El juez había ordenado revisar dos inmuebles de la líder piquetera para determinar si estaban en condiciones para que siga allí su encierro preventivo.

"Resuelvo disponer que la prisión domiciliaria dictada en contra de la imputada Milagro Sala se cumpla en el inmueble ubicado en loteo Villa Parque La Ciénaga de acuerdo a lo dispuesto por la CIDH", indicó el magistrado en su fallo. Además, ordenó que la acusada siga con custodia de Gendarmería y, en caso de ser necesario, con colaboración de la policía de la provincia. 

Sala deberá esperar que el juez Pablo Pullen Llermanos, que la investiga en otras dos causas, se pronuncie a favor de la medida. 

Las causas contra Milagro Sala 

La líder de la Tupac Amaru fue detenida en Jujuy el 16 de enero del año pasado por una protesta organizada contra Morales, aunque sigue en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en causas de fraude contra el Estado y otros delitos. 

La investigación apunta al presunto manejo irregular de fondos que con el fin de construir viviendas sociales concedió el Estado a la Tupac Amaru. 

En junio, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia a tres años de prisión por daño agravado y revocó el sobreseimiento que la favoreció por amenazas, por las agresiones al entonces senador, ahora gobernador de Jujuy en 2009.